Desde este miércoles 30 de agosto y de forma indefinida, la línea de transporte público “Tizayuca” que recorre la ruta Tulancingo-Tizayuca-CDMX y viceversa, suspendió su servicio a sus usuarios.
La decisión de los dueños de los autobuses derivó de la quema de una unidad la noche anterior en el fraccionamiento Mío Cid, cuando presuntamente integrantes de una banda delictiva dedicada a la extorsión obligaron al operador a entregárselas y la quemaron, para después huir en un vehículo con rumbo desconocido.
Una fuente del gobierno municipal, informó que la empresa del autotransporte envío un oficio al gobernador Julio Menchaca, en el cual le da a conocer que son objeto de extorsionadores y que tras el ataque directo, no existen las condiciones en Hidalgo para seguir prestando el servicio al público, hasta nuevo aviso.
Autoridades buscan reestablecer el servicio
A través de sus redes sociales, el gobierno municipal de Tizayuca, dio a conocer que los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal) ya entablaron contacto con la empresa de autobuses México-Tizayuca, con el fin de buscar acciones para reestablecer el servicio de transportación para los usuarios; sin embargo, aún no hay información de cuándo será que los operadores de transportes reanuden operaciones.
Segunda ocasión en el año que se suspende el transporte público en Tizayuca
No es la primera vez en 2023 que la delincuencia provoca que los conductores de transporte público paran labores.
A finales de mayo y hacia la mitad de junio, la lesión a un chofer de una colectiva y el asesinato de otro, porque supuestamente la banda “Los Hijos del Diablo” que opera en el Estado de México, intento cobrar “derecho de piso” a taxistas y rutas de colectivas en Tizayuca, provocó la parálisis del servicio.
Ante la inseguridad y que no había transporte público en Tizayuca, el 7 de junio 143 escuelas de diferentes niveles entre públicas y privadas cerraron sus puertas; al otro día implementarán clases presenciales y virtuales en varias de esas, y en otras donde reanudaron la enseñanza hubiera inasistencias del alumnado.
Además de los más de 10 mil usuarios, según cifras de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo, que padecieron la falta de un medio para cumplir con sus actividades laborales, educativas y otras como compra de insumos para cocinar.
No existe antecedente, que la actividad económica, de movilidad y escolar se paralizara, por lo que el gobierno del estado intervino para enviar colectivas conducidas por policías vestidos de civiles para cubrir algunas rutas y paulatinamente los taxis y colectivas concesionados regresaran a prestar el servicio que interrumpieron por miedo a morir por no aceptar la extorsión.
La Procuraduría de Justicia de Hidalgo en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lograron la captura de los sospechosos posibles integrantes y ejecutores de las lesiones y asesinato de chóferes.
Aproximadamente dos meses después regresa la violencia al sector del transporte público, del que según la alcaldía lleva esa línea siete años siendo extorsionada.
