La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de México informó a EFE que las cifras de trata de personas van en aumento y que es mucho el trabajo que hacer, a pesar de que hay avances y cooperación entre instituciones y organizaciones.
En 2020 hubo 681 víctimas; en 2021, 753, y en 2022, 936. Además, en lo que va de 2023 suman 488, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“A menudo hay doble lectura: se están detectando más casos, pero no es necesariamente negativo en el sentido de que también puede señalar que hay más capacidad de detección. No hay que castigar a los estados por estar identificando más datos, hay que reforzar esta rendición de cuentas”, dijo Mario Cordero, titular del Programa de Crimen Organizado y Drogas, UNODC México.
Con mayores reportes, dijo, se contribuye a tener bases de datos e información concreta para desarrollar políticas públicas.
Los tipos de trata de personas preponderantes en cifras en México son el trabajo sexual y el trabajo forzado. Les siguen la mendicidad forzosa y el reclutamiento de niños para participar en actividades delictivas.
Ante esto, la UNODC desarrolla diferentes actividades y programas en México, como el proyecto financiado por el gobierno de Canadá. El programa está basado en tres ejes: prevención, asistencia a víctimas y fortalecimiento de acceso a la justicia.
La UNODC implementa este programa en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Veracruz, Baja California y Puebla.
“En este sentido, a través del trabajo enfocado sobre todo en prevención y capacitación multiactor lo que intentamos hacer fue establecer redes”, explicó el especialista con relación al proyecto piloto anterior y la implementación del actual.
“Este proyecto tuvo tal impacto y éxito que ahora lo estamos robusteciendo, implementando en otros estados, con foco en la asistencia pero también acceso a la justicia.
Utilizando a actores y actrices buscaron tejer redes y dar formación.
El proyecto, que arrancó en mayo y durará tres años, guarda estrecha relación con la Comisión Federal Intersectorial de Trata de Personas, que tiene comisiones estatales, formada por agentes del estado, pero también academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
Por último, el especialista consideró que la comisión está funcionando en cuanto a coordinación pero “hay muchísimo por hacer”. Insistió en la necesidad de abordar la trata de personas como algo que no sucede en un contexto aislado, sino que otras situaciones como la pobreza o la falta de servicios básicas.
