Desde el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue visible un importante aumento en el robo de gas LP; por ejemplo, en 2019, el número de tomas clandestinas para hurtar este hidrocarburo rebasó las mil perforaciones ilegales.
Antes de este sexenio, la cifra más alta había sido 2018, al cierre del de Enrique Peña Nieto, con 222 tomas clandestinas.
López Obrador ha aceptado que este delito incrementó debido al combate que su administración emprendió para erradicar el robo de gasolinas.
“Los huachicoleres se están pasando al robo de gas”, reconoció López Obrador en 2021.
De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), en 2022 se rompió otro récord de tomas clandestinas en gas LP, al registrarse 2,503 perforaciones ilegales.
Y para este 2023, la cifra pinta para un nuevo máximo, pues al primer trimestre del año ya se reportaban 1,094, un 73.37% más que en igual lapso de 2022.
De estas 1,094 tomas clandestinas del primer trimestre de 2023, un 54% se concentra en Veracruz, le sigue Puebla (18%), Tlaxcala (12%), Estado de México (12%), Oaxaca (2%), Guanajuato (1%), el resto (1%).
De 2019 al primer trimestre de 2023, el total de tomas clandestinas para el robo de gas LP es de 9,395, mientras que en todo el sexenio de Peña Nieto, las perforaciones ilegales sumaron 744.
La Amexgas estima que el robo de gas LP se ubica en 60 mil toneladas mensuales, con un impacto a las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 15 mil millones de pesos al año.
También apunta que hay autotanques de gas LP robados o clonados que no están registrados ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y operan de manera clandestina.
Asimismo, existen estaciones de carburación y expendios clandestinos de gas LP, los cuales representan un riesgo de accidentes o explosiones al no cumplir con las normas de seguridad.
Así como predios ilegales donde se trasiega el gas de pipas grandes a otras más chicas que son propiedad de personas físicas, las cuales clonan las marcas de empresas formales y realizan la venta ilícita.
La Amexgas dice que además de la afectación económica a Pemex, se pone en riesgo a la población, se dejan de recaudar impuestos, se pierden empleos, inversiones y se distorsiona el mercado.
Ante esto, los empresarios piden que se implementen medidas de seguridad con distintos operativos y establecer un mecanismo de denuncia anónima.
