Tras una solicitud del gabinete de Seguridad del gobierno, el Congreso de El Salvador aprobó a primera hora del miércoles una nueva prórroga del estado de emergencia, que suspende derechos constitucionales, para continuar con su política de mano dura contra las maras o pandillas, a las que culpa de la mayoría de los crímenes en el país.
Esta es la decimoquinta extensión de la medida, en vigor desde el 27 de marzo de 2022 después que, en un solo día, las pandillas asesinaran a 62 personas en toda la nación.
Aunque el índice de homicidios registró un descenso sustancial, el gabinete de Seguridad justifica el nuevo pedido para tratar de evitar la reacción delictiva mostrada por los grupos, como el riesgo de mutación por el proceso de desintegración de su organización criminal, al obligarlos a abandonar las zonas que controlan. Según las autoridades, muchos pandilleros han buscado refugio en zonas rurales y otros han salido del país.
“No hay que olvidar de dónde venimos porque aún hay cosas por hacer. Todavía no hemos terminado la guerra contra pandillas. A pesar de que hay un grupo que se opone a todo, seguiremos adelante”, dijo el presidente del Congreso, Ernesto Castro.
En una entrevista con The Associated Press, Eduardo Escobar, abogado de la ONG Acción Ciudadana, advirtió que es probable que el régimen de excepción llegue a los comicios presidenciales y legislativos de febrero de 2024 porque, aunque supuestamente se haya capturado a la mayoría de los pandilleros, “la gente recuerda esta acción del gobierno para que le otorgue el voto en la elección”.
“A partir de la entrada en vigor del régimen de excepción, tenemos un país diferente, que se ha transformado para acabar con los pandilleros, por eso creemos que esta medida debe continuar”, afirmó durante el debate parlamentario el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), aliado del presidente, Nayib Bukele.
La nueva prórroga se aprobó con los votos a favor de 67 de los 84 diputados del Congreso unicameral, siete en contra, cinco abstenciones y cinco no presentados. La ampliación estará en vigor, previa publicación en el Diario Oficial, del 16 de junio al 15 de julio.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones y abusos de derechos en el marco del estado de excepción, que suspende la libertad de asociación, que una persona sea informada de sus derechos y los motivos de su detención, así como el derecho a contar con la asistencia de un abogado.
Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideran sospechosos.
La organización no gubernamental Cristosal informó recientemente que al menos 153 personas detenidas en El Salvador murieron bajo la custodia del Estado durante el régimen de excepción. Su reporte revela también que los decesos de los detenidos fueron resultado de torturas y de lesiones graves y sistemáticas. Casi la mitad fallecieron por muerte violenta, indicó.
Por su parte, el fiscal general, Rodolfo Delgado, confirmó que, después de una investigación, se han archivado 142 casos de muertes bajo custodia estatal coincidiendo con la medida, y aseguró que se comprobó científicamente que los pesos fallecieron por causas naturales.
Las autoridades responsabilizan a las pandillas de la mayoría de los crímenes registrados en los últimos años en El Salvador y atribuyen a la política gubernamental de mano dura la mejora en las cifras sobre el nivel de violencia delictiva.
En 2015, el país, que en ese momento estaba considerado uno de los más violentos del mundo, registró 6 mil 567 homicidios, es decir, 106 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que 2022 se cerró con un registro de 495 homicidios, la cifra mas baja de las últimas décadas. Pero su reporte no incluiría a al menos 120 presuntos pandilleros fallecidos en supuestos choques con las autoridades.
En lo que va de mayo, las autoridades registran cuatro homicidios, incluyendo el de un presunto pandillero que murió en un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad.
Según cifras oficiales, desde el inicio del estado de excepción se ha detenido a más de 68 mil supuestos pandilleros o colaboradores, de los cuales más del 90% están bajo detención provisional decretada por un juez, la mayoría por agrupación ilícita. Más de 5 mil personas quedaron libres porque no se les pudo vincular con las estructuras criminales.
