Florida se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos en aprobar una ley que dificulta la vida de los inmigrantes indocumentados y que desafía la política migratoria del presidente Joe Biden. El gobernador republicano Ron DeSantis promulgó el miércoles la ley SB 1718, que entrará en vigor el 1 de julio y que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y defensores de los migrantes.
¿Qué implica la nueva ley?
La ley SB 1718 contiene varias medidas que buscan restringir el acceso al empleo, la salud y el transporte de los inmigrantes sin papeles en Florida. Entre ellas se destacan:
- La obligación para los empleadores con más de 25 empleados de utilizar E-Verify, un sistema federal para verificar la elegibilidad de empleo. Además, se considera un delito grave el uso de una identificación falsa para obtener empleo, lo que puede resultar en la revocación de la licencia o la imposición de multas considerables si los empleadores violan repetidamente los requisitos de E-Verify.
- La exigencia a los hospitales que aceptan Medicaid y a los departamentos de emergencias recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes, incluso en situaciones de emergencia, y reportar regularmente el costo de la atención brindada a los pacientes sin un estatus migratorio regulado a la Agencia de Administración de Cuidados de Salud (AHCA) y a la legislatura.
- La conversión en delito punible con hasta 15 años de prisión el transporte de personas sin un estatus migratorio regulado al estado de Florida. Esto incluye acusaciones de delito grave por regresar al estado, incluso para aquellos que viven de forma permanente en él.
- El cese del reconocimiento de las licencias de conducir emitidas fuera del estado a migrantes irregulares, además de la prohibición de la financiación de programas locales para otorgar documentos de identidad a extranjeros sin papeles.
- La asignación de 12 millones de dólares para trasladar a migrantes indocumentados a otros estados del país, en el marco de un programa iniciado el año pasado con el envío de dos grupos de venezolanos en aviones privados desde Texas al noreste de Estados Unidos.
¿Qué argumenta el gobernador DeSantis?
El gobernador DeSantis ha defendido la ley como una forma de proteger la seguridad y el bienestar de los floridanos frente a lo que considera una “dejadez” por parte del gobierno federal en la cuestión migratoria. DeSantis ha acusado al presidente Biden de provocar una “crisis fronteriza” al revertir las políticas restrictivas del expresidente Donald Trump y al permitir el ingreso masivo de migrantes indocumentados al país.
“Los cárteles de la droga mexicanos tienen más que decir sobre lo que ocurre en la frontera sur que nuestro propio gobierno estadounidense”, dijo DeSantis durante la firma del proyecto de ley¹. “Estamos tomando medidas para hacer cumplir nuestras leyes y proteger a nuestra gente”, agregó.
DeSantis, de 44 años, es una figura ascendente del Partido Republicano y un posible candidato presidencial para 2024. En los últimos meses, ha promovido una agenda muy conservadora que incluye leyes contra el aborto, las protestas sociales, las restricciones por la pandemia y las políticas transgénero.
Aquí está la continuación de la nota:
¿Qué dicen los opositores a la ley?
La ley ha generado un fuerte rechazo entre organizaciones de derechos humanos y defensores de los migrantes, que la consideran “discriminatoria”, “inconstitucional” y “contraproducente”. Según sus críticos, la ley busca imponer restricciones y causar temor en las comunidades de inmigrantes, que representan cerca del 20% de la población del estado.
“Esta ley es una vergüenza para Florida y una amenaza para los derechos humanos de millones de personas”, dijo Thomas Kennedy, director político de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), una de las organizaciones que ha liderado la oposición al proyecto². “Esta ley no solo criminaliza a los inmigrantes, sino que también pone en riesgo su salud, su educación y su movilidad”, agregó.
Otras organizaciones como Hispanic Unity of Florida³, Mi Familia Vota, WeCount!, Dream Defenders, Nueva Florida Majority, Iniciativa Acción Puertorriqueña, Alianza Américas y United We Dream⁴ han expresado su rechazo a la ley y han anunciado que seguirán brindando ayuda legal, social y humanitaria a los inmigrantes que llegan al sur de Florida⁵.
Los opositores a la ley también han cuestionado su efectividad y su impacto económico, ya que podría afectar a sectores clave como la agricultura, el turismo y la construcción, que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante. Además, han advertido que la ley podría generar demandas judiciales por violar los derechos constitucionales de los inmigrantes y por interferir con las competencias del gobierno federal en materia migratoria.
¿Qué sigue ahora?
La ley SB 1718 entrará en vigor el 1 de julio de este año, salvo que sea impugnada judicialmente por alguna entidad o individuo afectado por sus disposiciones. Mientras tanto, las organizaciones proinmigrantes han llamado a la comunidad a informarse sobre sus derechos y a buscar asesoría legal en caso de necesitarla.
También han instado al gobierno federal a tomar medidas para proteger a los inmigrantes y a avanzar en una reforma migratoria integral que ofrezca una vía a la ciudadanía para los millones de indocumentados que viven en el país. Asimismo, han pedido a los floridanos que se movilicen y participen en las próximas elecciones para elegir a representantes que defiendan sus intereses y valores.
Florida es el primer estado en aprobar una ley tan dura contra los inmigrantes indocumentados, pero podría no ser el único. Otros estados con gobiernos republicanos podrían seguir su ejemplo y endurecer sus políticas migratorias. Por eso, es importante estar atentos y solidarios con los inmigrantes que buscan una vida mejor en Estados Unidos.
