Los feminicidios son los otros caminos de Michoacán, en donde los casos se acumulan año con año y la justicia permanece en deuda con las víctimas
Morelia, Michoacán.-Los feminicidios son los otros caminos de Michoacán, en donde los casos se acumulan año con año y la justicia permanece en deuda con las víctimas.
Casos como el de Jessica González Villaseñor, Nilda Rosario Francisco Cruz, Gabriela Pérez Ayala, María Guadalupe Del Toro Morales, Xitlali Elizabeth Ballesteros Heredia y Fernanda Padilla Ramírez, entre otros han visibilizado la gravedad del problema que se tiene en Michoacán, estado que frente a la acumulación de casos es calificado familiares y activistas como feminicida.
La falta de voluntad política para generar cauces que combatan el problema es la constante de las autoridades.
La incapacidad y desdén se ejemplifica con la reforma al Código Penal del Estado en materia de feminicidio, en donde para simular interés en el tema, los diputados aprobaron modificaciones a partir de sus propias iniciativas dejando fuera las promovidas por víctimas indirectas.
El manoseo político derivó en la aprobación de un decreto en el que mañosa y alevosamente se incluyeron aspectos ajenos al tema de feminicidio, lo que derivó en observaciones del Ejecutivo al decreto aprobado, y por tanto un alto a la modificación legal.
Hoy día el tema permanece congelado en la Cámara. Los feminicidios no son tema que el Ejecutivo del Estado o los grupos parlamentarios cabildeen, discutan y busquen concretar a la brevedad como lo han sido las desincorporaciones de terrenos o temas de dinero.
La vida de las mujeres no ha adquirido el mismo rango de importancia para los diputados que el llevarse una buena tajada por aprobarle al gobernador los temas de su interés político; tampoco las mujeres han sido motivo para que el Ejecutivo devengue peso alguno para cubrir el costo que tienen los diputados para la aprobación rápida de temas que le son prioritarios.
Las penas previstas en el Código Penal del Estado para alguien que incurre en feminicidio, son menores que las establecidas en el Código Penal Federal. Además en Michoacán son menos las circunstancias por la que el homicidio de una mujer puede ser catalogado como feminicidio, a diferencia de lo que ocurre en lo federal.
Son de 20 a 50 años de prisión la pena por feminicidio que se establece en la norma estatal, mientras que en la federal son de 40 a 60 años de prisión y de 500 a mil días de multa, además el Código Penal federal establece que sumada a tales sanciones el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.
Mientras que a nivel federal se establecen siete circunstancias diversas para que un homicidio encuadre como feminicidio, en lo local son solo cinco.
En 2022 fueron 32 los homicidios de mujeres que fueron clasificados como feminicidios por la Fiscalía General del Estado, nueve más que en 2021 cuando se registraron como feminicidios 28 casos.
Durante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla cada semana, al menos un feminicidio es denunciado ante la Fiscalía General del Estado.
En promedio una de cada 15 mujeres que son reportadas dentro de la Alerta Alba en Michoacán mueren asesinadas.
De 2019 a la fecha son múltiples los casos de feminicidios que han impactado a la sociedad y opinión pública, al ser visibilizados por sus familiares en la búsqueda de justicia.
Nilda
Nilda Rosario Francisco de la Cruz, una joven estudiante de Veterinaria de 23 años, desapareció el 17 de marzo de 2019, el llamado de su padre a través de un video fue la voz desesperada que hizo voltear cientos de ojos al caso, y con ello forzar la actuación de la autoridad.
La justicia le falló a Nilda, su caso sólo valió 15 años de prisión al victimario Nicolás N. por el delito de desaparición entre particulares. Su feminicidio, la violencia que sufría, las lesiones y las amenazas que padeció, no formaron parte de la determinación judicial emitida a través de un proceso abreviado.
Nilda hizo su último viaje el 18 de marzo de 2019 en posición fetal en una maleta negra, dentro del portaequipaje de un camión Línea de Oro “San Juan Huetamo” que estaba lleno de pasajeros. Su cuerpo acabó enterrado en la localidad de Nicolás Bravo, municipio de Ajuchitlán del Estado de Guerrero, ahí permaneció prácticamente un año hasta que fue descubierto por “Manchas”, un perro de la Unidad Canina que dio con ella en el sitio en que Nicolás confesó haberla sepultado.
Guadalupe
María Guadalupe Del Toro Morales, fue asesinada el lunes 23 de diciembre de 2019, cuando acudió a casa de su expareja a dejar un regalo para uno de sus hijos que había cumplido años.
Ella se había separado ocho meses antes de Martín García Almanza por ser víctima de violencia familiar.
Ella falleció de asfixia mecánica por estrangulamiento, y su cuerpo fue encontrado semienterrado, en las inmediaciones la colonia La Aldea, con el rostro carcomido por perros.
Tras un juicio que resultó extenuante para los familiares de Guadalupe, finalmente el Tribunal de Enjuiciamiento no otorgó la pena máxima pese a reconocer que el feminicidio fue doloso, planeado, sobajando a la víctima, e infringiéndole un trato cruel. Un total de 40 años de prisión al responsable, fue lo mandatado.
Jessica
A Jessica González Villaseñor la asesinaron el 21 de septiembre de 2020, la suya no fue una muerte instantánea, la violencia que le infringió Diego U. se prolongó antes y después de su deceso.
Fueron 31 golpes los que Diego U. le habría propinado a Jessica, la necropsia reveló diversas lesiones exteriores en la frente, mejillas, ojo derecho, boca, labios, cuello, hombros, tórax, fosa iliaca, abdomen, muslos, región lumbar, antebrazo y piernas. Además están las lesiones interiores en la vagina y el edema cerebral que le provocó la muerte. Tal información se conoció a lo largo del juicio oral.
La familia de Jessica ha mantenido un activismo permanente, para presionar una debida actuación por parte de la Fiscalía General del Estado, y del Poder Judicial al momento de emitir su fallo.
Será la próxima semana cuando finalmente el juez emita el fallo sobre la culpabilidad de Diego U. en este caso y a principios de febrero se estaría dando la individualización de la sentencia, es decir, cuántos años de cárcel le darán de ser declarado culpable.
Xitlali
Xitlali Ballesteros Heredia fue asesinada el 30 de septiembre de 2020, tras ser citada en el café MX de Morelia, con engaños por Stephanie Natali Sánchez Alemán y Laura Angélica Zavala Rodríguez para la presunta renta de un departamento, luego las tres se trasladaron a la casa de la abuela de Stephanie, en donde fue asesinada.
Xitlali fue molida a golpes, y su cuerpo arrojado en un paraje conocido como el camino de la Hoya de Álvarez, en el municipio Valle de Santiago de Guanajuato.
A lo largo de cinco meses de juicio sobre la causa penal 1468-2020, se evidenció que la codicia de familiares de la pareja sentimental de Xitlali por el dinero de éste, fueron el motor que impulsó el asesinato de la enfermera.
Los 50 años de prisión que se impuso a las asesinas de Xitlali, fueron reducidos a 35 años por el magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora luego que las responsables recurrieran el fallo del juez.
Gabriela
Gabriela Pérez Ayala tenía 27 años cuando fue asesinada por su esposo Ignacio Ortiz la mañana del nueve de julio de 2019 en el lugar en el que trabajaba. Ella era víctima de violencia familiar y por eso había logrado una orden de restricción contra su marido, lo que no evitó que ese martes él acudiera al establecimiento “De mil amoles, tortas y chapatas” para apuñalara en 50 ocasiones y degollarla.
El pasado 17 de noviembre de 2021 tras un tortuoso juicio que prolongó el proceso contra Ignacio por más de dos años, el Tribunal de Sentencia emitió su fallo. La condena de 40 años no fue la máxima que esperaba la familia, pero al menos consideraban que el calvario de pisar juzgados y oficinas públicas iba a parar.
