El Pleno de la 75 Legislatura aprobó esta noche el Presupuesto de Egresos del Gobierno de Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2023, por un monto del orden de los 91 mil 167 millones 361 mil 282 pesos.
Las prioridades marcadas por los integrantes del Poder Legislativo tienen que ver con el combate a la corrupción y el rezago social, además de que se priorizó la obra pública, la inversión, la seguridad y el bienestar de los michoacanos.
Este Presupuesto de Egresos representa un incremento del 11.79% nominal respecto del ejercicio 2022, y un aumento real del 4% tomando como base de cálculo una inflación del 7.7% para el cierre 2022, establecido en los Criterios Generales de Política Económica 2023 emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).
En este Presupuesto, se propone la creación y ejecución del “Programa de Obra Pública Multianual del Estado de Michoacán”, cuyo objetivo será desarrollar diversos proyectos de obra con una vigencia al 30 de junio de 2027 y por un importe total de hasta 9 mil millones de pesos.
Este monto incluirá, entre otros, estudios diversos, la inversión en obra, supervisión, impuestos, costos y gastos derivados de la implementación y contratación del programa y asesorías correspondientes.
Para que el programa se pueda llevar a cabo, se incluye en el Paquete fiscal 2023 la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Michoacán y sus Municipios; y, de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Michoacán y sus Municipios, el cual contempla modificaciones al marco normativo que permite las contrataciones multianuales, con reconocimiento de costos de financiamiento de los contratistas vinculados a pagos diferidos en las estimaciones o en el monto total del contrato.
En el decreto aprobado, se priorizó que la política de gasto se enfoque principalmente al mantenimiento de finanzas públicas sanas, considerando un presupuesto de egresos acorde a las expectativas reales de ingresos, orientados a la inversión social y física, encaminados al abatimiento del rezago social, al fortalecimiento de la salud, la reactivación económica y una deuda pública responsable.
