Ayer, la jueza federal Nancy Juárez, ordenó la suspensión definitiva de la reforma judicial. Con esto, la presidenta Claudia Sheinbaum y el director del Diario Oficial de la Federación (DOF) tienen 24 horas para retirar el decreto de la reforma. O si no…
Si la presidenta Sheinbaum no cumple orden, entrará en desacato
Según lo establecido por la jueza del Juzgado Décimo Noveno de Distrito con sede en Veracruz, si Sheinbaum y el DOF no acatan la orden, habrá castigo de por desacato. Entre las sanciones posibles está la prisión por nueve años, así como la inhabilitación del cargo.
La decisión de la jueza federal de darle suspensión definitiva a la reforma judicial se basa en el hecho de que “las autoridades federales fueron omisas en dar el debido cumplimiento a la suspensión provisional” de dicha reforma…
Fueron muchas. En el documento compartido por el periodista Braulio Luna, se hace una relación de las varias veces que Claudia Sheinbaum y el encargado del DOF no cumplieron el mandato judicial tramitado desde septiembre el 17 de septiembre, dos días después de que la reforma judicial fue decretada.
La jueza no encontró razón justificada para que las autoridades no cumplieran con la suspensión provisional… entonces, ahora va la definitiva. A ver si ésa sí.
Los castigos constan en Ley de Amparo
Si Sheinbaum y el director del DOF no retiran la publicación de la reforma judicial, se le dará el pitazo al Ministerio Público de la Federación, el cual procederá con base en lo dictado en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo.
Dicho artículo indica el castigo de prisión y la inhabilitación (ambos por un periodo de tres a nueve años), además del pago de una multa de 150 a 500 días. Todo por no obedecer “un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra”.
¿Qué dijo Claudia Sheinbaum?
En la mañanera del 18 de octubre la presidenta Sheinbaum dijo que nomás no van a bajar su publicación y de paso aprovecharán para denunciar a esta jueza ante el Consejo de la Judicatura.
En esa misma mañanera, Ernestina Godoy aseguró que esta orden era improcedente, al decir que el Poder Judicial no puede cuestionar las reformas constitucionales.
