Después de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informara sobre la muerte de seis personas migrantes durante un operativo militar en el estado de Chiapas, la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lanzó un urgente llamado a las autoridades.
En conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ONU-DH externó su preocupación “por los hechos ocurridos en Chiapas, donde seis personas migrantes fueron privadas de la vida durante un operativo del Ejército y al menos otras diez resultaron heridas”.
Acorde con la versión de la propia Sedena, a las 20:50 horas del martes 1 de octubre, elementos de la corporación realizaban acciones de reconocimiento sobre el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla.
Durante su recorrido, detectaron un vehículo tipo pick up que se desplazaba a alta velocidad, supuestamente, con el fin de evadir un retén federal. Detrás de dicha unidad iban dos camionetas de redilas, descritas por la Sedena como “similares a las que usan grupos delincuenciales en esa región”.
Los castrenses dijeron haber escuchado “detonaciones”, por lo que dos elementos del Ejército descargaron sus armas contra las camionetas y detuvieron la marcha de una de ellas.
Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas. (X/@isain)
Al acercarse al vehículo alcanzado por las balas, el personal militar identificó a un total de 33 personas migrantes de nacionalidades egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní y árabe. Del total, cuatro murieron en el lugar a causa de los disparos, mientras que 12 resultaron lesionados.
Las víctimas heridas fueron trasladadas vía terrestre al Hospital General de Huixtla, pero dos más perdieron la vida, lo que sumó un total de seis decesos. Las 17 personas migrantes que salieron ilesas fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).
A través de un comunicado, la Sedena señaló que los dos elementos que accionaron sus armas fueron separados de sus funciones y, debido a que fue un hecho que afectó a civiles, se otorgó la información correspondiente a la Fiscalía General de la República (FGR) para el inicio de las diligencias y el deslinde de responsabilidades, mientras que la Fiscalía General de Justicia Militar comenzó la investigación alusiva a la disciplina castrense.
Hasta las primeras horas del 3 de octubre, se desconocen las circunstancias en las que viajaba el grupo de migrantes sobre la carretera de Chiapas. Ante lo ocurrido, ONU-DH reconoció los riesgos a los que se enfrentan estos grupos durante su trayecto, por lo que consideró que “es indispensable contar con vías legales de acceso, tránsito e integración para evitar tragedias como esta”.
Por la mañana del mismo 1 de octubre, Francisco Garduño Yáñez acudió a los juzgados en Ciudad Juárez, Chihuahua, para cumplir con la firma quincenal que le fue impuesta tras ser vinculado a proceso por el incendio de la estación migratoria del 27 de marzo de 2023, el cual provocó la muerte de 40 personas.
En un breve diálogo con medios de comunicación, Garduño Yáñez confirmó que, hasta ese momento, continuaba en el cargo como comisionado titular del INM.
