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Reforma judicial: las razones por las que sí y no se puede aprobar con 85 votos

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El abogado Gabriel Regino aclaró la controversia sobre el número de votos necesarios para aprobar la reforma judicial en el Senado, destacando la importancia de entender correctamente el concepto de mayoría calificada.

El especialista explicó que, según la Constitución, la mayoría calificada se refiere a “50 más uno“, lo que en un Senado conformado por 128 legisladores significa 86 votos.

Cuando se hace una interpretación de que pueden ser 85 es incorrecto“, señaló.

Además, subrayó que esta cifra está claramente establecida en el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación.

“No cabe razón para que sean 85”, reafirmó.

El abogado también explicó que la mayoría calificada se calcula con base en el número de legisladores presentes en la sesión, lo que podría variar si no están todos los senadores.

“Si están 127, los números sí empiezan a reducir“, comentó, lo que significaría que, en caso de que haya menos senadores presentes, una reforma podría aprobarse con menos votos.

No obstante, advirtió que, si se aprobara con solo 85 votos y estuvieran presentes los 128 legisladores, la aprobación sería nula y susceptible de ser combatida a través de una acción de inconstitucionalidad.

Miguel Ángel Yunes Márquez podría traicionar al PAN. Crédito: Cuartoscuro

¿Cómo afectará la reforma judicial?

Regino destacó las posibles implicaciones de la reforma en el sistema judicial y el impacto en la formación de los futuros abogados.

“El impacto va a ir en la carrera de Derecho“, advirtió, refiriéndose a los cambios que podrían surgir en la forma de defender casos ante jueces que no provengan de una carrera judicial.

“¿Ahora quienes tendrán el poder de resolver casos en México serán diputados o senadores?”, cuestionó, mostrando su preocupación por la manera en que el proceso legislativo podría modificar el debido proceso y las bases del sistema jurídico del país.

El debate sobre si se necesitan 85 o 86 votos para aprobar la reforma judicial refleja no solo una cuestión numérica, sino también el riesgo de que decisiones cruciales para la justicia mexicana puedan ser impugnadas o resulten inconstitucionales si no se respetan las reglas establecidas.