Al cabo de un litigio de dos años, el caso de la empresa estadunidense Vulcan Materials resurgió como un tema de alta tensión bilateral entre Estados Unidos y México luego que un grupo bipartidista de senadores y de diputados, muchos de ellos de Alabama, intensificó sus esfuerzos para presionar por una solución y amenazó con aplicar “todos los poderes” para sancionar en represalia si se concreta “el robo” de la los activos de la empresa
Ante el resurgimiento político del tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta semana en su conferencia mañanera que la empresa rechazó una oferta del gobierno mexicano para adquirir sus activos por un monto de dos mil millones de dólares, aunque Vulcan argumentó poco después que no tenía conocimiento del ofrecimiento.
“Fue el señor (Anthony) Blinken al Congreso y los congresistas que apoyan a Vulcan en este ecocidio le dijeron que cómo iba a permitir que expropiáramos la propiedad de una empresa estadunidense. Yo creo que el secretario de Estado no sabía bien de qué se trataba porque lo único que alcanzó a decir que esas actitudes, o esas acciones supuestas, de parte nuestra podrían afectar la inversión”, explicó el Presidente al rechazar que se trate de una “expropiación”.
Durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, fue cuestionado por el senador de Virginia y ex candidato vicepresidencial demócrata Tim Kaine sobre la posición de la administración Biden respecto de la “invasión” e intento de “apropiación” del gobierno mexicano de los activos de la empresa estadunidense en Quintana Roo.
“Entiendo que está sujeto a un proceso de arbitraje en este momento. Pero ciertamente hemos hecho el argumento genérico con el gobierno de México, incluido con el Presidente (Lopez Obrador), de qué la confiscación de compañías privadas no es una buena manera de atraer inversiones”, respondió Blinken.
Al día siguiente comentó de manera similar ante un comité legislativo, esta vez de la Cámara de Representantes
Exigencias desde Alabama
Kaine, acompañado por un grupo bipartidista de senadores, exigió la semana pasada en una carta a la canciller Alicia Bárcena una explicación por el “trato injusto” del gobierno mexicano contra la empresa Vulcan, domiciliada en Alabama, y su puerto de aguas profundas y una cantera de piedra caliza en Cancún.
“Vulcan ha enfrentado amenazas y acoso persistentes por parte del gobierno de México, incluida una segunda invasión militar…. Estas acciones innecesarias, injustificadas y sin precedentes sin duda han perjudicado el desarrollo de infraestructura en México y Estados Unidos y amenazan con socavar la relación bilateral”, escribieron.
La carta fue secundada por un pronunciamiento similar de la delegación de Alabama en la Cámara de Representantes, encabezada por la legisladora Terri Sewell, en la que advirtieron que usarán “todos los poderes” a su alcance, incluyendo remedios legislativos, para asegurar que ninguna entidad se beneficie del “robo” a la propiedad de Vulcan.
Los legisladores promueven un proyecto de ley bipartidista para que, en caso que Vulcan sea expropiada por el gobierno mexicano, se apliquen sanciones a los barcos foráneos que utilicen puertos texanos, un evidente dardo económico contra empresas de transportación marítima mexicanas.
En relación con el ofrecimiento mencionado por López Obrador, la empresa Vulcan —quien tiene suspendidas sus operaciones en Cancún desde mayo de 2022— dijo a través de un portavoz que no tienen conocimiento de la oferta.
