Mario Villegas Alfaro, fallido secretario de Finanzas del Congreso, giró las órdenes para adjudicar contrato por 5.5 millones de pesos sin licitación y para pagarle esa cantidad a Alfredo Aburto Gaitán, según documentos sellados por el notario David Franco Sánchez.
Con fecha 28 de diciembre de 2021, Villegas instruyó proceder a formalizar el polémico contrato y a realizar las acciones necesarias para pagarle por adelantado al proveedor que él seleccionó. Beatriz Climaco, directora general de administración, ejecutó la orden dada por su superior jerárquico dentro de la Secretaría de Finanzas.
El 31 de diciembre del 2021, el Congreso pagó 5.5 millones de pesos por un software y por un nuevo sistema informático que no ha sido entregado hasta la fecha. La Fiscalía del Estado abrió la carpeta de investigación 10003202215683, a partir de la querella penal que presentaron las diputadas Eréndira Isauro y Julieta García Zepeda y otro legislador por delitos que ameritan 7 años de prisión.
Villegas, posición del coordinador del PRI, Jesús Hernández Peña, no completó los cuatro meses al frente de Finanzas. “Renunció” el 11 de febrero del 2022, entre recriminaciones de falta de operatividad, recurrente retraso en el pago de la nómina legislativa, ejercicio discrecional de recursos públicos y ausencia de rendición de cuentas al Comité de Administración. Se le despidió con una magnífica liquidación que le gestionó la diputación priista para guardar absoluta confidencialidad sobre todo lo que se enteró.
A través de sendos oficios institucionales, Villegas dio a conocer la contratación por adjudicación directa del proveedor Alfredo Aburto Gaitán, “toda vez que presenta la mejor propuesta económica, así como experiencia y tiempo de respuesta”. Las otras dos empresas invitadas por él fueron Inteligencia Creativa del Valle e Inteligente Cont Habilidad, con cotizaciones por 9 millones 095 mil pesos y 12 millones 180 mil pesos, respectivamente, para crear e implementar un sistema contable y presupuestal, incluyendo la capacitación.
El proveedor Aburto Gaitán prometió implementar un sistema de cómputo (bajo el nombre comercial de PROGRP) y ofrecer herramientas para cumplir con la Ley de Disciplina Financiera y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, previo pago por adelantado de 5 millones 590 mil pesos, IVA incluido.
De acuerdo con las diputadas Eréndira Isauro y Julieta García Zepeda, las irregularidades en la Secretaría de Finanzas configuran los delitos de coalición de servidores públicos, y de uso ilícito de atribuciones y facultades. Tomar medidas contrarias a la ley y a los reglamentos conlleva sanción de hasta 7 años de prisión. Hacer pagos ilegales amerita pena de hasta 8 años de prisión.
La denuncia penal de los diputados de Morena conjetura que el software fue adquirido a un precio notoriamente superior al costo del mercado. A su vez, Jesús Hernández, el coordinador del PRI, afirmó tener su conciencia y las manos limpias en este tema.
La inactividad del Ministerio Público en la investigación inicial ha sido impugnada por uno de los diputados de Morena a través del amparo indirecto penal, “por indebida dilación en la integración y determinación de judicialización de los delitos denunciados en la carpeta de investigación”. El Ministerio Público no ha iniciado la investigación en el Congreso, no ha requerido peritajes ni pruebas técnicas, tampoco ha recolectado indicios ni medios de prueba. Ha transcurrido un plazo “excesivamente” razonable, con riesgo de que los presuntos culpables se sustraigan a la acción penal, imposibilitando así la reparación del daño, según el denunciante, lo que –reclama- violenta su derecho a la tutela judicial efectiva.
