La advertencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de expropiar los terrenos de Calica, ubicados al sur de Playa del Carmen, dio paso ya al procedimiento de declaratoria de área natural protegida de la zona de explotación de material pétreo perteneciente a la filial de Vulcan Materials Company, de origen estadounidense.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió el aviso de consulta del estudio justificativo de expedición del decreto para la declaración de área natural protegida de flora y fauna denominada “Leona Vicario”, ubicada en los municipios de Cozumel y Solidaridad, justo en los terrenos de Calica.
La extensión del área natural protegida que propone el gobierno federal es de dos mil 387 hectáreas, por lo que cubriría la totalidad los predios de la trasnacional que suman unas mil 500 hectáreas.
En esos terrenos realizó durante más de tres décadas, con métodos explosivos, la extracción de piedra caliza para su envío a Estados Unidos en buques.
López Obrador había advertido, luego de las clausuras que practicó contra la empresa en 2022, que en caso de que no aceptaran la oferta del gobierno de seis mil 500 millones de pesos por sus terrenos, buscaría declarar el lugar como área natural protegida.
En octubre pasado Vulcan Materials Company dio a conocer que rechazaba las pretensiones del ejecutivo federal y solicitaba al embajador estadounidense Ken Salazar la defensa de los intereses de la trasnacional en suelo mexicano.
Con el aviso publicado el pasado miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por parte de la Semarnat, los interesados en opinar sobre el estudio técnico justificativo tendrán 30 días naturales para hacerlo.
Luego de esto, el ejecutivo tendrá vía libre para emitir el decreto que traerá aparejado una expropiación de los terrenos de esta empresa.
Una fuente de Vulcan Materials Company, dio a conocer que por ahora los ejecutivos de la empresa se encuentran en el análisis del estudio elaborado por especialistas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), por lo que no darían una postura de inmediato.
Actualmente, Calica enfrenta diversas clausuras que le impiden continuar con la extracción de calizas al sur de Playa del Carmen, un material valorado en los Estados Unidos para la construcción.
A la par, la sociedad mercantil enfrenta demandas por la vía civil por daños al ambiente y a la salud que han interpuesto ciudadanos de las comunidades aledañas ubicadas en Playa del Carmen.
Pero Calica también mantiene demandas de amparo contra diversos actos de autoridad emitidos principalmente por el gobierno federal, aunque hasta ahora ninguna suspensión ha logrado dentro de los juicios de garantías, según estrados consultados.
Además, su mayor pretensión se centra en la demanda que mantiene contra el Estado mexicano que se resuelve en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Cidi), bajo las reglas del extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La empresa está pidiendo al gobierno mexicano más de mil 500 millones de dólares por daños y perjuicios que se le ocasionó con las clausuras.
Con esta búsqueda de declaratoria de área natural protegida y eventual expropiación de sus terrenos, es posible que Calica inicie en los siguientes días nuevos procesos legales en contra del gobierno mexicano.
El Origen de la disputa
A Calizas Industriales del Carmen, la sociedad mercantil que representa a Calica, le fue otorgada una concesión de explotación de roca caliza en 1986 en el predio La Rosita, sin determinación de vigencia ni volumen de extracción, según la Semarnat. Todo esto a unos 10 kilómetros al sur de Playa del Carmen.
En 1996 obtuvo una autorización que se extendió a dos predios más: El Corchalito y La Adelita, un conjunto de mil 251 hectáreas.
El 30 de noviembre de 2000, un día antes de concluir la administración de Ernesto Zedillo, se le dio una tercera concesión por 20 años, la cual concluyó en 2020.
En 2018, meses antes de la finalización del mandato de Enrique Peña Nieto, se practicó la primera clausura contra Calica. En aquella ocasión, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) interpuso las medidas sobre los predios El Corchalito y La Adelita, debido a que se detectó que la empresa estaba realizando la explotación de material pétreo desmedidamente.
Al inicio de la administración de López Obrador, Calica pasó a explotar únicamente el predio La Rosita, mientras negociaba una extensión de su concesión, lo cual nunca ocurrió. Al mismo tiempo, iniciaba la demanda contra México en el Ciadi por mil 500 millones de dólares, tras las clausuras practicadas.
A principios de 2022, Andrés Manuel López Obrador habló por primera vez abiertamente del caso y dio a conocer que había conseguido que Calica frenara la extracción de material pétreo de manera voluntaria.
En mayo de ese año, en una de las supervisiones vía aérea al norte de Quintana Roo para verificar los trabajos del Tren Maya, se detectó que la empresa continuaba extrayendo y enviando calizas a Estados Unidos.
Según López Obrador, había roto el acuerdo.
Días después, efectivos de la Marina tomaron las instalaciones de Calica para permitir que inspectores de la Profepa practicaran la verificación y clausura del último predio con explotación: La Rosita.
Desde entonces, en las conferencias matutinas el presidente ha lanzado diversas advertencias a la empresa sobre la negativa de renovarles sus permisos. En marzo pasado la Marina volvió a tomar las instalaciones, debido a que Cemex no podía descargar cemento a través del puerto de Punta Venado, instalaciones que construyó Calica.
El material era enviado para el Tren Maya, aledaño a los terrenos de la trasnacional.
Calica se ha quejado en reiteradas ocasiones en los escritos de promociones de la demanda ante el Ciadi que sufre constantes ataques del presidente Andrés Manuel López desde sus conferencias matutinas. En un principio, el Ciadi ordenó al presidente dejar de hablar sobre el tema mientras dura el litigio, según los documentos del tribunal.
El presidente acató por un tiempo, pero después siguió tocando el asunto.
El 20 de octubre, López Obrador advirtió que no concluirá su gobierno sin haber declarado a los terrenos de Calica como área natural protegida.
