En los últimos tres años han aumentado en México los ataques con drones equipados con explosivos, especialmente en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, entidades asoladas por el crimen organizado y los grupos de narcotráfico, de acuerdo con los registros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que tiene datos de 605 ataques de este tipo desde 2020.
Tal es el incremento de los ataques con drones equipados con explosivos, o también llamados narcodrones, que actualmente el Congreso de la Unión da trámite a una iniciativa que envió en agosto pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el Código Penal Federal e incrementar las penas hasta 60 años por la comisión de este delito.
Según los datos de la Sedena, los ataques de drones con explosivos pasaron de 5 en 2020, en plena pandemia de Covid-19, a 260 en el primer semestre de este año, un aumento de 5,100%, destaca un análisis de Forbes.
En 2022 se registraron 233 agresiones con narcodrones y en 2021 fueron 107, es decir que el aumento de este tipo de agresiones perpetradas por el crimen organizado ha sido sostenido desde hace 3 años.
Desde 2019 al primer semestre de este año la Sedena ha decomisado 25 drones, mientras que la Fiscalía General de la República ha asegurado 17 entre 2018 y febrero de 2023. Este tipo de agresiones han ocurrido, por ejemplo, en Baja California, donde el 10 de julio de 2018 cayó un dron equipado con dos granadas de fragmentación desactivadas en casa del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en el municipio de Tecate.
El 20 de abril de 2021, “después de la incursión de la Policía en la comunidad del Aguaje del municipio de Aguililla, Michoacán, integrantes de la delincuencia organizada atacaron con drones cargados de explosivos a policías estatales en los que dos policías resultaron heridos, quienes recibieron atención médica en un hospital”, relata la iniciativa enviada por el presidente López Obrador el mes pasado.
Otro caso referido es el que ocurrió el 10 de enero del año pasado, en donde “presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación arrojaron explosivos usando drones sobre las comunidades El Bejuco y La Romera, pertenecientes al municipio de Tepalcatepec, como una campaña de intimidación en contra de personas campesinas y agricultoras, a quienes intentaban desplazar para ocupar los territorios estratégicos en Tierra Caliente”.
Incluso la iniciativa menciona que el 23 de febrero de 2022 la Sedena “detectó sobrevuelos de drones no autorizados en zonas cercanas al Centro (Histórico de la Ciudad de México). Se implementó un sistema antidrones, dado el peligro que representa que estos artefactos sobrevuelen Palacio Nacional con material explosivo o venenoso, para espionaje o hackeo o con cualquier otro objeto”.
Como documentó Forbes en noviembre de 2021, la Sedena compró seis sistemas antidrones, también llamados dronw jammers, pero reservó cualquier dato de la adquisición que hizo por adjudicación directa. En agosto de ese año la misma dependencia compró a Oner de México, por un monto de 5 millones 487,356.80 pesos, un sistema antidrones para Palacio Nacional. Dicha empresa fue fundada en 2016, tiene su sede en Tulancingo, Hidalgo y se especializa en inhibidores de señal.
Ante el incremento de ataques con drones cargados de explosivos, distintas voces han expresado su preocupación. Tal es el caso del Consejo nacional de la Industria de la Balística (CNB), quien alertó que actualmente “la gama de modelos de drones de consumo es casi ilimitada: ya existen tricópteros, cuadricópteros, hexacópteros, u octocópteros, de 3, 4, 6 u 8 rotores. Y hay desde modelos para aficionados hasta profesionales con cámara, sistemas de detección de obstáculos, alcance de vuelo de hasta 5 kilómetros y 30 minutos de tiempo en el aire”.
“Es de tal dimensión el crecimiento global del mercado de drones, que se calcula que los ingresos ascenderán a 20.98 millones de euros al finalizar este año, y se espera que el mercado crezca anualmente un 6.36% hasta el año 2028. El mercado más significativo es el de China, en donde se habrán vendido 1,309 millones de euros en el 2023. Sin embargo, los beneficios de su uso se han ido degradando debido a las aplicaciones que le ha encontrado el crimen organizado”, alertó este martes el CNB.
El Consejo de la Industria Balística advirtió que los delincuentes pueden usar los drones para “anular sistemas de cómputo o extraer información confidencial de forma remota; o para el contrabando de drogas; lanzamiento de materiales ilegales sobre las cárceles; vigilar casas y zonas pobladas o monitoreando a las fuerzas del orden. En nuestro país ya es una preocupación el uso de drones con fines delictivos, para las instituciones oficiales de seguridad y para organismos de carácter privado relacionadas también con la seguridad privada como el CNB”.
“Ante tal panorama, el Consejo Nacional de la Industria de la Balística seguirá promoviendo y fortaleciendo alianzas con instituciones de seguridad pública y privada, para difundir información de valor y contribuir con su conocimiento y experiencia en el sector del blindaje, como elementos de protección y defensa. Su propósito es contribuir a la seguridad de las personas y sus bienes, y todas sus empresas asociadas están preparadas para hacerlo”, cierra el CNB su comunicación.
