La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo este martes una sentencia favorable para el ejercicio de la acción de extinción de dominio, es decir, incautar, cinco propiedades en Zapopan, Jalisco, propiedad del narcotraficante Caro Quintero, luego de que una jueza Sexto de Distrito en materia de extinción de dominio dictó sentencia favorable mediante juicio oral.
De acuerdo con la fiscalía, la extinción de dominio, es decir, el embargo de bienes que hayan sido adquiridos con recursos de actividades ilícitas, se llevó a cabo luego de que la Corte de Distrito Este de Nueva York realizó la solicitud, alegando que las propiedades fueron adquiridas con recursos procedentes del narcotráfico.
El 25 de octubre de 2019, las autoridades mexicanas recibieron la petición del Director de la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para la asistencia jurídica internacional para el decomiso de inmuebles que se encuentran en Zapopan, Jalisco, respecto de los cuales se demandó la extinción de dominio en la Corte de Distrito Este de Nueva York.
Desde marzo, la demanda fue admitida en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con número de expediente 4/2022.
Se trata cinco bienes ubicados en el municipio de Zapopan: una bodega ubicada en la avenida Melchor Ocampo; dos propiedades en la calle Sagitario, Fraccionamiento Residencial Arboledas; un inmueble en la calle Paseo de los Virreyes; así como una propiedad en la calle Luigi Prandello.
En abril de 2018, el gobierno de Estados Unidos inició una acusación formal en un tribunal federal de Brooklyn contra Caro Quintero por liderar una empresa criminal y otros delitos, incluido su participación en el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente especial de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.
El 15 de abril de 2021, la Corte del Distrito Este de Nueva York ordenó incautar las cinco propiedades al narcotraficante, las cuales están ubicadas en Jalisco.
“Estas propiedades, descritas en la denuncia de decomiso civil presentada el 11 de octubre de 2019, fueron compradas por Rafael Caro Quintero (“RCQ”) con ganancias de la droga generadas por la organización dirigida por el narcotraficante, que es una facción de la organización del crimen organizado mexicano conocido como el Cártel de Sinaloa”, indicó la corte neoyorquina en su momento.
