El influencer mexicano Luisito Comunica está envuelto en la polémica luego de visitar -con acceso exclusivo- y publicar un video del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, cárcel que ha sido señalada por organizaciones internacionales por violación de derechos humanos.
Tras la publicación del material -el 7 de febrero- el youtuber ha sido criticado en redes sociales de hacer supuesta propaganda en favor del presidente Nayib Bukele, a quien ya había entrevistado previamente, junto con el youtuber El Cortinas.
Luisito Comunica no es ajeno a videos de este tipo, ya que también ha grabado desde el centro de Reinserción Social de Apodaca y desde el penal de Topo Chico, que ya fue cerrado.
Así como el influencer ha recibido críticas, otras personas han mostrado su apoyo tanto al youtuber como al mandatario centroamericano y sus medidas en El Salvador.
El CECOT tiene capacidad para 40 mil reos y estrictas medidas de seguridad, adentro y alrededor del perímetro.
El mismo Luisito Comunica dijo que nadie puede pasar sin autorización debido a la gran cantidad de filtros que hay y los cuales el creador de contenido pasó con un permiso para prensa para hacer el video por el cual sus ganancias podrían ir desde siete mil 600 dólares hasta 60 mil dólares, de acuerdo con información de Social Blade.
El objetivo del CECOT es encarcelar a miembros de las tres pandillas principales de El Salvador, los cuales son denominados como “terroristas”. Los internos no tienen derecho a colchones y las luces están prendidas en todo momento, por lo que no se puede dormir sin cubrirse la cara.
De acuerdo con Luisito Comunica, las personas no tienen derecho a ver a sus madres, esposas o hijas, ya que –según él– han perdido sus derechos por las decisiones que tomaron.
Hasta este lunes, el video publicado en la cuenta de Luisito Comunica en YouTube tiene poco más de 15 millones de reproducciones.
Detenciones arbitrarias
De acuerdo con el reporte 22/23 de Amnistía Internacional, la mayoría de las más de 60 mil detenciones efectuadas, desde el comienzo del estado de excepción en marzo de 2022, han sido presuntamente arbitrarias, ya que no cumplían los requisitos legales, como una orden de arresto o que se le hubiera detenido a la persona en cuestión en el momento de cometer un delito en flagrancia.
“Algunas de las detenciones estaban basadas únicamente en el hecho de tener tatuajes o antecedentes penales o de vivir en una zona controlada por una pandilla”, aseveró la organización.
De acuerdo con información publicada por El País –en su edición digital–, entre marzo de 2022 y agosto de 2023, las autoridades reconocieron que seis mil detenidos eran inocentes y aseguraron que ya habían sido liberados, pero la organización Socorro Jurídico señaló que siguen presas 14 mil personas que nunca han tenido relación con las pandillas.
En agosto de 2023, Bukele desplegó a mil policías y siete mil soldados en el área rural de Cabañas, al norte del país. La medida fue realizada debido a que –según las autoridades– ahí se encontraba el último bastión de los pandilleros. El operativo fue criticado ya que no aclaraba cómo distinguirían a los pandilleros de los civiles.
