El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificó hoy, 5 de abril de 2022, como “aberración” la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eliminar la restricción de 10 años para que exservidores públicos trabajen en la Iniciativa Privada.
“Es una aberración, ¿cómo es posible que se regrese a lo de antes y qué era lo de antes?, bueno la vergüenza nacional de que el que privatiza los ferrocarriles, el que acaba con la historia de un siglo y medio de ferrocarriles nacionales, Ernesto Zedillo, se va a trabajar, después de que termina su mandato como presidente, de asesor, a la empresa a la que le entregó los ferrocarriles, y Calderón hace lo mismo”, dijo en conferencia mañanera desde Palacio Nacional.
López Obrador puntualizó que esas empresas realizan esas prácticas en España, es decir contratan a políticos y por eso en algunos países no se puede bajar el precio de la luz porque los grupos de presión son los que mandan.
El presidente cuestionó cómo es que ahora la SCJN le “corrija la plana” pues en la ley de austeridad se estableció que un alto funcionario público no podía dejar de dejar su empleo e ir a trabajar a una empresa vinculada a su labor anterior.
López Obrador añadió que todos los que terminan de trabajar en el Banco de México terminan en la banca privada, o al revés, de la banca privada al Banco de México.
“Una mezcolanza inmoral, promiscuidad política, administrativa, entonces no estoy de acuerdo con eso”, dijo y advirtió que no se quedará callado ante estas “aberraciones”.
“Ya nos ofendieron, por decir lo menos, con estas prácticas”, explicó.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó este lunes la norma que prohibía a exfuncionarios de alto nivel trabajar en el sector privado durante diez años tras dejar el cargo público, como establece la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR).
En un comunicado, el SCJN informó que invalidó por unanimidad el segundo párrafo del artículo 24 de la LFAR, “que establecía una restricción de 10 años” para que los servidores públicos de mando superior pudieran laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en ejercicio de su cargo público.
De acuerdo con la corte, “la medida incide de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria, reconocida por el artículo quinto de la Constitución mexicana”.
Esto porque “impide a los exfuncionarios en esas circunstancias, prestar libremente sus servicios en la iniciativa privada”.
“La norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo, ya que la duración de 10 años de la prohibición de laborar en empresas privadas que los exfuncionarios hayan regulado, supervisado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada, va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida”, indica el proyecto de la magistrada Norma Piña Hernández.
En octubre de 2019, la Cámara de Diputados de México aprobó la Ley de Austeridad Republicana, considerada una de las principales propuestas electorales del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
En México y otras partes del mundo el paso sin obstáculos de altos funcionarios del sector público al privado es conocido como “puerta giratoria” y se refiere a la posibilidad de que estos primero legislen o impongan leyes que benefician a ciertas empresas privadas y, después, se integren a esas firmas o a sus consejos de administración.
Con información de Noticieros Televisa y EFE
